deyanira-gonzalezPor: Deyanira González Guevara

En el 2017 se estarán celebrando cien años de la primera legislación en materia de autonomía universitaria en México. Sin duda alguna esta conmemoración debe ser aprovechada  para reflexionar el como se vive esta condición tan importante para las instituciones de educación superior, en el marco de las reformas constitucionales y legales para la protección de los Derechos Humanos que impactan el orden normativo nacional, inclusive en la forma en que se desarrollan las relaciones entre particulares.

En este contexto, un grupo de maestros y alumnos de la UAT, decidieron en el año 2014 defender y ejercer la Autonomía Universitaria, al inconformarse contra diversos actos ilícitos cometidos por el Consejo Técnico de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, en el proceso de elección de su Director.

Manifestaron la violación del Estatuto Orgánico de la Universidad, con una convocatoria tendiente a evitar la participación democrática de maestros y alumnos, e imponer a una persona según expresaron acorde a intereses personales y extrauniversitarios. El sólo hecho de no permitir el registro de un aspirante y realizar una elección con candidato único, demostraba fehacientemente el repudio de autoridades universitarias a los valores democráticos impresos en la normatividad de la máxima casa de estudios del Estado, aumentando el desprestigio de una escuela de Derecho donde debe enseñarse y promoverse el respeto a la legalidad y los derechos humanos. Por esta causa, promovieron diversos Juicios de Amparo para restaurar el orden jurídico en la citada Unidad Académica.

Después de un largo procedimiento, el cinco de octubre del año en curso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una pobre argumentación y contraria a la Reforma Constitucional de 2011 y a la nueva Ley de Amparo de 2013, por mayoría de votos de los Ministros que la integran, resolvió decretar el sobreseimiento (suspención del procedimiento por falta de pruebas o de otras causas) de uno de los expedientes, expresando substancialmente que el Consejo Técnico no es autoridad para los efectos del Juicio de Amparo.

Este argumento no tiene sustento racional y axiológico, porque la relación entre los docentes y alumnos con el Consejo Técnico se da un plano de supra a subordinación, lo cual implica el carácter de autoridad, dado que impone su autoridad y potestad en forma unilateral, imperativa y coercitiva, al definir el sentido de sus resoluciones en un proceso electoral.

La sentencia de sobreseimiento no significa que el mencionado Tribunal haya convalidado y determinado que los actos reclamados del Consejo Técnico y, por ende, la elección de Director, sean lícitos, legales, justos o apegados a Derecho; simplemente evitó analizar el fondo del asunto litigioso. Con esa resolución, se dejan abiertos dos caminos:

1° Continuar con el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelva el caso, considerando que, al haberse excluido el Poder Judicial Federal en el Sistema Jurídico Mexicano, no existe medio de impugnación o recurso para combatir los actos ilícitos de las autoridades universitarias que fueron materia del juicio;

2° Promover la autotutela de derechos por parte de maestros y alumnos, para que, a través de la lucha política, restaurar el orden jurídico democrático previsto en los estatutos universitarios.

La creación de un Tribunal Universitario en la máxima casa de estudios del Estado, como órgano colegiado vigilante que de a conocer y resolver los conflictos internos, y establezca una reglamentación que precise la vía, acción y procedimiento; seguramente evitaría que prevaleciera el autoritarismo y el despotismo en la vida de la Universidad y sería una excelente forma de celebrar una centuria de la primera legislación en materia de autonomía universitaria en México.