Por: Juan Uriza Lara

Que es el ejercicio de la acción penal? Dicho en palabras sencillas significa la potestad o el poder que tiene el Ministerio Público Federal o del fuero común, para investigar y perseguir los delitos y al delincuente (llevar al imputado ante un tribunal). Existen delitos que solamente pueden perseguirse a instancia de parte ofendida y otros que se investigan de oficio. Ejemplo de los primeros serían, por citar algunos: el fraude, abuso de confianza, lesiones, daño en propiedad ajena, contrabando a la importación y su equiparable.  De los segundos mencionaremos solamente: el homicidio calificado (cuando se comete con todas las agravantes, premeditación, alevosía y ventaja); violación, delitos contra la salud; delitos en contra de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

 El 18 de junio de 2008, nuestra Constitución  Federal, sufrió una reforma que trascendió al fondo de nuestro sistema de justicia penal, toda vez que vino a cambiar totalmente el procedimiento penal vigente y concedió a los estados de la república un plazo de ocho años para que, progresivamente, fueran implementando lo necesario, a fin de que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia penal (juicios orales),  que estaría regido por un Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, considerando que cada entidad tenía su propio Código de Procedimientos Penales y con el fin de homologar todo procedimiento en esa materia.

El caso es que, antes de aquella reforma constitucional, nuestra Carta Magna en su artículo 21 establecía literal en lo que interesa: “La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Publico, el cual se auxiliara con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.”

Ya con la reforma Constitucional de  18 de junio de 2008, el Artículo 21 se transformó en su párrafo primero,  para quedar como sigue: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Publico y a las policías, las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esa función.”

 De igual forma, el párrafo segundo del citado Artículo 21 Constitucional, por virtud de la reforma de 18 de junio de 2008, se modificó para dejar establecido que: “El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Publico. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. “

Es decir, ya el Ministerio Público no es el que tiene la sartén por el mango para llevar ante un tribunal a un imputado (indiciado), sino que ahora, con tal reforma, es posible jurídicamente que un particular conduzca a un imputado ante un órgano judicial, para que se le siga, en su caso, un juicio. Hasta ahí todo muy bien y digno de aplaudir a los legisladores que tuvieron tal acierto, sin embargo, ya una vez que se encuentra aprobado el Código Nacional de Procedimiento Penales, que rige para todo el país, los abogados nos damos cuenta con tristeza, que esa facultad de los particulares se encuentra muy limitada y restringida solamente  para cierto  tipo de delitos.

En efecto,  nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales cita literal:

ARTICULO 426. ACCIÓN PENAL POR PARTICULARES. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Publico, pero podrá ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de victima u ofendido en los casos y conforme a lo dispuesto en este Código.

ARTICULO 428. SUPUESTOS Y CONDICIONES EN LOS QUE PROCEDE LA ACCION PENAL POR PARTICULARES. La victima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de libertad o cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión.

Del último dispositivo legal se desprende que esa facultad ahora concedida a los particulares solamente opera en los supuestos que son:

  1. Que se trate de un delito perseguible por querella (a instancia de parte ofendida), y que su penalidad sea alternativa; es decir, que la pena a imponer sea privativa de libertad pero que también pueda cubrirse con el pago de una multa para evitar la prisión.
  2. Que la punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión. Aquí cabe señalar que si el Código Penal Federal o el de cualquier Estado, prevén una pena mínima y una máxima en tratándose de un delito, tendría que verificarse que la pena máxima con que se sanciona dicho ilícito no exceda de tres años de prisión, para que proceda el ejercicio de acción penal por particular.

De lo anterior se sigue que, aquella facultad que antes correspondía únicamente al Ministerio Público, ahora también puede ser ejercida por los particulares que sean víctimas u ofendidos por la comisión de un delito; pero se insiste, muy limitadamente porque esa potestad ahora concedida a los particulares, solamente se da en aquellos delitos que se conocen como de bagatela, mas no en los que realmente impactan a la sociedad y que son cometidos por autoridades o aquellos que se desempeñaron en algún momento dentro del servicio público y cometieron ilícitos y que por connivencia de quienes los sustituyen quedan en la impunidad.

 Por ende y en mi humilde opinión, la intención del legislador en permitir que cualquier particular bajo aquellos supuestos pueda ejercer la acción penal, va más con el ánimo de ayudar al Ministerio Público para descargar una obligación que le correspondía y no es tanto en el afán de dejar un poco en manos del particular la procuración de justicia; pues si así fuese, le dejaría la oportunidad de que esa facultad pudiera ser ejercida en otro tipo de delitos y, principalmente, en aquellos que son cometidos por servidores públicos y que, insisto, muchas veces son cubiertos por aquellos que les suceden  en el encargo y propician impunidad.

LIC. JUAN URIZA LARA.