Por: Lic. Juan Uriza Lara.

El nuevo Sistema de Justicia Penal, ha traído bastantes ventajas en cuanto a restar poder al Ministerio Publico y disminuir la mala práctica de algunos abogados, en utilizar a dicha institución para lograr sus objetivos y encarcelar personas para presionarlas y exigirles cantidades económicas a cambio de otorgar el perdón y que recuperaran su libertad.

Por ejemplo, el Articulo 295 del Código Penal de Tamaulipas, prevé como delito el abandono de obligaciones alimenticias, que conforme a la descripción del mismo lo comete: “quien sin motivo justificado deje de proporcionar a su cónyuge, concubina o concubinario, o a sus hijos, los medios económicos o recursos necesarios para atender las necesidades de subsistencia.”

¿Y que pasaba con el Procedimiento penal vigente antes de la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales? Pues que algunos abogados, contratados por personas que reclamaban alimentos, en lugar de optar por acudir ante un Juez de lo Familiar para lograr un embargo por concepto de pensión alimenticia, en contra de quien incumplía con la obligación de proporcionarlos, recurrían a una forma que, aun cuando sabían que se excedían en su labor profesional, conocían que daba mejor resultado; no solamente para obtener aquella pensión a favor de su cliente sino, incluso, para lograr un beneficio económico mayor para dicho cliente y también para el abogado.

¿Por qué se afirma lo anterior? Precisamente porque, en la práctica, nos correspondió defender a personas que supuestamente incumplían con la obligación de dar alimentos, pero que en la realidad no tuvieron la precaución de recabar un comprobante cuando entregaban de cualquier forma la ayuda a que estaban obligados, por concepto de pensión alimenticia.

¿Y cuál era el trabajo que el abogado y el Ministerio Publico hacían para encarcelar al supuesto deudor alimentista? Muy sencillo. Ya que el abogado realizaba una denuncia que presentaba ante el Ministerio Publico, ante el cual llevaba a su cliente y este a su vez la ratificaba, presentando también a dos testigos que daban noticia que, el denunciado (supuesto deudor alimentista), no proporcionaba alimentos a la denunciante.

Con dicha denuncia, los dos testimonios y a lo mucho una supuesta investigación de la Policía, el Ministerio Publico consignaba la averiguación previa ante un juez y pedía que se librara orden de aprehensión en contra del supuesto deudor alimentista, a quien, dicho sea de paso, le inventaban un citatorio para respetarle el derecho de audiencia (pero en la realidad nunca había sido citado).

El Juez recibía la averiguación previa y giraba la orden de aprehensión que, con una desacostumbrada celeridad los agentes de policía Ministerial, cumplían deteniendo y llevando ante el juez al presunto deudor alimentista. Después de eso, la única forma de que el detenido lograra su libertad era:

1.- Comprobando que sí cumplía con su obligación de proporcionar alimentos; lo cual generalmente no sucedía por la falta de precaución de recabar un comprobante cada ocasión que entregaba dinero o cualquier otra cosa que pudiera comprobar cumplir con aquella obligación.

2.- Pagando la cantidad que se le exigía y que, a través de la suma de semanas, quincenas o meses incumplidos, resultaba como cifra a pagar por concepto de alimentos (una especie de salarios caídos).

3.- Cubriendo la fianza que el juez le hubiera impuesto para que pudiera recuperar la libertad, lo cual era más difícil, pues si no tenía para liquidar la cantidad que se le exigía por pago de alimentos atrasados, menos iba a tener para liquidar una fianza que, desde luego, era más cara que la cantidad adeudada supuestamente.

Es preciso señalar que algunos abogados, a pesar de que un presunto deudor alimentista estaba dispuesto a cubrir la cantidad que se le reclamaba por concepto de alimentos atrasados, aconsejaban a su cliente para que no cediera en otorgar el perdón hasta en tanto también el deudor alimentista cubriera los honorarios de dicho abogado.

Pero, ¿qué pasa con el nuevo Sistema de Justicia Penal? Pues que ya, para esos abogados y para el Ministerio Publico, no es tan fácil encerrar a una persona que supuestamente haya incumplido con la obligación de dar alimentos. Ahora es muy difícil que alguien se atreva a fabricar pruebas (testigos falsos) y sostenerlas ante un juez. Incluso, la fase de la carpeta de investigación -o lo que antes era la averiguación previa-, será difícil sortearla para llegar a una audiencia ante un juez y lograr una orden de captura y, si acaso ello ocurre y se libra una orden de aprehensión, ya es muy fácil lograr la libertad de una persona sin que necesariamente cumpla de inmediato la obligación que se le reclama.

Y esto no es propio de mi imaginación, sino que, atendiendo a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal es demasiado garantista (lo que es bueno desde luego), es muy difícil y casi imposible que alguien ahora sea encerrado por ese delito. Las estadísticas, a más de un año de la entrada en vigor de aquel sistema, lo demuestran ampliamente y corroboran mi dicho: que antes, sin ser abogado, se lograba encerrar a una persona por aquel delito, con la connivencia desde luego del Ministerio Público, que no hacia una autentica investigación.

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