Por: MELITON GUEVARA CASTILLO

Se acaba de celebrar un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917. Nuestra Carta Magna, como se le conoce. Pues bien, sobre el tema se difundió un video donde los diputados federales, los entrevistados, no conocen gran cosa de ella, incluso desconocen lo más elemental. Y también, días antes, un ecuatoriano nacionalizado mexicano me preguntó: ¿Qué se festeja? He preguntado y no me dan razón.

Y al evento realizado en Querétaro, donde se reunieron los tres poderes para la celebración, hubo un desaire, por decir, de buena parte de los senadores, diputados federales, gobernadores y hasta de los líderes partidistas. No se sienten identificados con los postulados de la Constitución porque, a decir verdad, la ley no es algo que importe a quienes nos gobiernan.

TRAJE A LA MEDIDA

Sexenio tras sexenio, cada Presidente hace lo mismo por costumbre: modificar a la Constitución para –dicen- poder hacer que los cambios que requiere el país se conviertan en realidad. Ya no sabemos cuántas reformas van, pero eso sí, buena parte de ellas no han funcionado.

Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, hizo la reforma que modificó la propiedad de los campesinos. Para unos, destruyó al ejido. Hoy, los campesinos, que ya pueden vender sus tierras, en ciertos casos son empleados de quienes se las compraron. Y bueno, Enrique Peña Nieto reformó la Constitución para transformar la industria petrolera… que, dijo, ya se acabó la “gallina de los huevos de oro”.

NO CUMPLEN CON LA LEY

La cuestión es muy sencilla: en México hay corrupción e impunidad, porque los políticos y quienes nos gobiernan prefieren no cumplir con la ley y, si lo hacen, es a medias e, incluso, la cambian para poderla cumplir. Lo vimos recientemente en Tamaulipas: Para que Jorge Espino Ascanio pudiera ser Auditor Superior, modificaron la ley. Lo mismo sucedió en tiempos de Manuel Cavazos Lerma: modificaron la ley para que el Secretario General de Gobierno no sea necesariamente un abogado.

La mejor forma de evidenciar el nulo o poco respeto por la ley, son las mismas leyes e instituciones que el propio Estado ha ido creando. La Comisión de los Derechos Humanos nace porque el Estado no los puede garantizar; nace la Contraloría, porque los servidores públicos se muestran incapaces de ser honestos y no aplicar correctamente el dinero público.

EL REMEDIO LEGAL

Ante las embestidas que sufre el Estado o Gobierno acusado de corrupción e impunidad, le mejor opción es la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas. Sin embargo, esa cultura aún no se incrusta en la vida del servidor público: ven, quiérase o no, al gobierno como un botín político y piensan que las cosas de gobierno son de su propiedad. La opacidad en la transparencia de buena parte de los gobiernos, sobre todo los estatales y municipales, se constata y se pone en evidencia en cada estudio o encuesta.

La opacidad en las declaraciones patrimoniales de los servidores y su negativa, en buena parte, a cumplir con la exigencia de la declaración 3 x 3, establece la expectativa de que la promesa de un buen gobierno es solo, vaya pues, una promesa. Cuando una Constitución y sus leyes son letra muerta, son la mejor evidencia de la persistencia de la corrupción y de la impunidad.

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