Por: LIC. JUAN URIZA LARA

Como abogados defensores de un imputado, ahora con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, los profesionistas del derecho que nos encontramos inmersos en el litigio de asuntos de la jurisdicción o competencia penal, tenemos una ventaja con relación al procedimiento penal inquisitivo (procedimiento penal anterior). Dicha ventaja o facultad de intervención para tales abogados, estriba en la oportunidad que tiene uno, por sí o a través de otros profesionistas que conozcan dicho procedimiento, para recabar entrevistas a personas que son testigos del evento criminal frente al cual se litiga.

Anteriormente al Sistema de Justicia de que hablamos, el código procesal de la materia no permitía que los testigos fueran entrevistados por un particular, sino que tenían que ser ofrecidos o presentados como tales ante el ministerio público o ante el juez, para que estos recabaran la declaración de aquellos. Esa falta de oportunidad para la defensa del imputado hacía que, en muchas ocasiones, las testimoniales se vieran viciadas al desahogar una diligencia de esa naturaleza.

Lo anterior, en virtud de que el ministerio público -ya sea federal o del fuero común-, anotaba en el acta respetiva lo que a ellos les convenía para involucrar a alguien en la comisión de un delito; o bien, para no obtener alguna incriminación en contra de una persona. Es decir, se prestaba mucho a la manipulación de esa prueba.

Por ejemplo, tratándose de delitos previstos y sancionados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se volvió común, en los tiempos de gestión de Fox, en la Procuraduría General de la Republica, cuyo Director de la UEDO fue el Licenciado José Luis Santiago Vasconcelos y, ante la incapacidad de este último en realizar auténticas investigaciones, abundaron los llamados “Testigos Protegidos”, que fueron utilizados al antojo de servidores públicos de esa institución para incriminar a diversas personas, a quienes, por algún motivo, pretendía vinculárseles con alguna organización criminal. Esos Testigos obtenían, incluso, una paga por parte de aquella dependencia y, acorde con las reglas de valoración de la prueba (testimonial), legítimamente no podía otorgársele valor probatorio a dichas declaraciones.

Sin embargo, no obstante encontrarse una causa que hacia considerar como falta de verosimilitud a esas testimoniales (percibían pago los testigos), generalmente se les concedió valor probatorio y sirvieron para el pronunciamiento de sentencias condenatorias.

Y ¿qué pasa con el nuevo Sistema de Justicia Penal tratándose de testimoniales? Pues, ni más ni menos, un  testigo que pretenda ser utilizado por una fiscalía dentro de una carpeta de investigación o alguna audiencia preliminar a juicio oral, puede ser entrevistado también por el abogado defensor del imputado, para que este conozca directamente la versión de aquel testigo, o bien, puede interrogársele ampliamente en un juicio oral, sobre la noticia que haya dado, para conocer si fue influenciado por algún interés o su dicho fue acomodado a modo del ministerio público o el policía que levantó la entrevista correspondiente.

Dicho lo anterior, ahora un testigo no podrá ser manipulado ni utilizado para llevar una mentira en una carpeta de investigación o dentro de un juicio oral, so pena de ser desenmascarado y exhibido ante el juzgado y el público que se encuentre presente en la Sala Penal respectiva; amén de la sanción penal que pudiera imponérsele, por conducirse con falsedad ante una autoridad en el ejercicio de su función.

Se acabó el procedimiento penal en que muy fácil se sembraban evidencias y, el servidor público inmerso en tareas de investigación y persecución de delitos que no lo entienda así, tendrá que enfrentar en un momento a la justicia cuya encomienda de procuración tenga.

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