Por: Juan Uriza Lara

Muchos han criticado el Nuevo Sistema de Justicia Penal, incluso yo fui uno de sus detractores. Sin embargo, ha medida que me fui involucrando en su estudio porque mi profesión y especialidad así lo obligaba; poco a poco iba advirtiendo las grandes ventajas de dicho sistema. Especialmente valore entre otros aspectos, la transparencia con que habrían de ventilarse los procesos y la celeridad que implicaba la oralidad en los juicios. Un sistema que permite a los particulares la conciliación o acuerdo en los asuntos y deja la obligación del Ministerio Publico de actuar y acusar por todo.

Quiero ser lo mas claro en mi exposición, para que sin necesidad de ser abogado se pueda comprender mi intención. Pues bien, hoy se dice que aquel sistema no sirve y que permite a cualquier individuo cometer delitos y andar en la calle con toda la impunidad, sin que nadie lo castigue. Vil mentira lo anterior. Anteriormente a la reforma penal de que se dio cuenta en junio de 2008, para implementarse a mas tardar en el mismo mes pero de 2016, nuestros Códigos Procedimentales establecían delitos graves y delitos no graves. Cuando alguna persona cometía un delito grave, por ejemplo, Delincuencia Organizada; el Código Federal de Procedimientos Penales, citaba que tal delito no alcanzaba el beneficio de la libertad bajo caución. En consecuencia, la persona a quien se involucraba en la comisión de un delito como ese, tenia que enfrentar el procesos penal en prisión (preventiva). Pero si alguien ejecutaba un delito de los que la ley no consideraba “grave”, pues entonces tenia derecho a disfrutar de la libertad bajo caución (fianza), y para ello tenia que exhibir la cantidad que se le señalara como la cual debería depositar para disfrutar de tal beneficio. Sin embargo, en ambos casos las personas enfrentaban un proceso.

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, ya no prevé delitos graves y delitos no graves; pero la Constitución en su articulo 19 párrafo segundo, establece cuales delitos amerita prisión preventiva oficiosa. Es decir, por que delitos el sujeto imputado debe enfrentar la justicia en prisión. Y la mayoría de los delitos son, por los que un imputado puede seguir su juicio en libertad. Pero aquí es donde viene el problema de interpretación y falta de información; incluso el abuso en que han incurrido muchos Ministerios Públicos, para no llevar detenido ante un Juez, a una persona que cometió un delito de los que no merecen prisión preventiva oficiosa.

Antes de continuar, quiero aclarar que la “prisión preventiva”, se refiere a el tiempo de prisión que sufre una persona con motivo de una detención por un delito, y comprende desde el momento de su detención, hasta el momento en que se dicta una sentencia ejecutoriada en su contra. También existe la “prisión punitiva”, pero esa se trata del tiempo en que debe permanecer una persona en prisión, con motivo de una sentencia condenatoria impuesta en su contra y comprende la prisión preventiva. Pues bueno, el articulo 16 Constitucional cita literal en lo que interesa: Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Luego debemos considerar que los Códigos Penales que prevén los delitos, contemplan para algunos pena privativa de libertad y para otros pena alternativa. En el caso de los últimos, merecen pena de prisión o multa, y aquí en estos si a la persona se le dicta una condena tiene la opción de pagar la multa y evitar la prisión.

Pero si el delito solo admite pena privativa de libertad, en caso de una condena necesariamente el sujeto habrá de ir a prisión a compurgar la pena. Luego entonces aclarado eso, y teniendo en consideración el propio articulo 16 de nuestra Carta Magna, tenemos que algunos de los operadores del sistema están fallando y liberando a gente que no tiene derecho a enfrentar una investigación o un juicio en libertad. Porque aun cuando el delito no amerite prisión preventiva oficiosa, necesariamente y para que no permanezca en prisión cuando hablamos de un delito que se sanciona con pena privativa de libertad, el sujeto imputado debe justificar ante el Ministerio Publico o ante el Juez, diversas circunstancias como lo serian en su caso; un domicilio fijo en la ciudad; un trabajo licito; y otras que permitan llegar a la convicción fundada, de que no se va a sustraer de la acción de la justicia en caso de que se le deje en libertad aunque el delito, insisto, no sea de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Entonces que es lo que no sirve o esta fallando?. Pues simplemente el Estado y algunos de los operadores del Sistema, especialmente algunos Ministerios Públicos y Jueces. El primero, por no haber implementado lo correspondiente oportunamente ya que se concedió un plazo de ocho años, para que brindaran la capacitación necesaria a sus funcionarios y construyera lo indispensable para el buen funcionamiento. Y los segundos, porque muchos no aprovecharon los pocos cursos de capacitación y aun se niegan a seguir en el estudio. Lamentable también que se introduzca hoy a funcionarios tanto en las Procuradurías y Tribunales, que no tienen el mínimo conocimiento sobre la materia, porque entonces como habrán de implementar programas de revisión y supervisión que tiendan a conocer el funcionamiento de sus elementos.

Es mi aportación del día de hoy, disculpándome por faltas de ortografía y redacción porque todo es a vuela pluma.