El gobierno mexicano debería organizar foros y encuentros para debatir sobre el problema de inseguridad y los escenarios de maniobra, aconsejó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

México.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, envió una comunicación oficial al gobierno de México para externar su preocupación sobre la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

La oficina del Alto Comisionado alertó que la legislación contiene varios elementos “inquietantes”, como la posible subordinación de elementos de seguridad civiles a las órdenes de Fuerzas Armadas, así como el incumplimiento de acuerdos internacionales y un esquema ausente de rendición de cuentas.

El diplomático sugirió que en lugar de continuar con el proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el gobierno mexicano debería organizar foros y encuentros para debatir sobre el problema de inseguridad y los escenarios de maniobra.

“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como  agentes encargados de hacer cumplir la ley”, señaló el Alto Comisionado.

Sobre la Ley de Seguridad Interior también se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pues consideró “imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos” toda vez que este marco legal no resolverá “la impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones” a estos.

En el ámbito nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó que la ley “genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas”; como también afecta el diseño y equilibro entre las instituciones, órganos estatales y poderes al conceder al Ejecutivo Federal “facultades extraordinarias” para ordenar la movilización de las Fuerzas Armadas y “aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.

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