Por: Juan Uriza Lara

El delito de “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, que prevé el artículo 400-bis, del Código Penal Federal, se sanciona con una pena mínima de cinco años de prisión, y una pena máxima de quince años de prisión. En ese sentido, y considerando que la maestra Elba Esther Gordillo Morales, fue detenida el día 26 de febrero de 2013. Tenemos que estuvo presa enfrentando un proceso penal, más de cinco años. Atendiendo entonces a que, generalmente cuando se trata de reos que son primo delincuentes, o  que cometen un delito por primera ocasión; la pena que los jueces imponen al dictar una sentencia condenatoria, es la mínima. Y que en este caso, sería la de cinco años de prisión. Es claro, que a pesar de que ahora un tribunal resuelve: que los datos que sirvieron al juez, para dictar un auto de formal prisión por dicho ilícito en contra de la maestra, han quedado desvanecidos y por ende decreta su libertad. Pues a pesar de ello, aquella ya pago una pena. Se preguntaran cómo es posible eso? Pues es parte de las deficiencias o aberraciones que acontecían dentro del procedimiento penal inquisitivo, y que ahora desde el 2016 dejo de tener vigencia, con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Es decir, los llamados juicios orales. Antes era posible que un proceso penal tardara en resolverse hasta más de veinte años, como ocurrió en el caso de un interno acusado de homicidio, al que se le consigno con pruebas fabricadas por la Procuraduría General de la República o el Ministerio Público Federal. Se le impuso una condena de más de cien años de prisión y dicha sentencia fue apelada, siendo confirmada por un tribunal de alzada. Pero como el reo promovió juicio de garantías contra la ejecutoria del tribunal, se le concedió el amparo y protección de la justicia federal, ordenándose la reposición del procedimiento hasta la declaración preparatoria de aquel, en virtud de que como se trataba de un reo de nacionalidad norteamericana y el juzgado no aviso a su consulado sobre la detención.

Se substancio nuevamente el procedimiento que culmino con otra condena similar; se agotó el recurso de apelación, confirmándose la sentencia. Y, al final un Tribunal Colegiado de Circuito, advirtió todas las irregularidades dentro de la averiguación previa. Es decir, considero carentes de credibilidad diversas actuaciones del Ministerio Público, por advertirse claramente su fabricación, y por ende concedió el amparo liso y llano y ordeno la libertad del reo. Pero insisto, ya habían pasado más de veinte años: equivalente al final al pago de una sentencia condenatoria por un delito grave, aunque aquel salió libre sin responsabilidad penal.  Entonces lo ocurrido con la maestra, al final se traduce en una pena que pago, considerando la pena mínima que se prevé para el delito por el que estaba siendo procesada, independientemente del otro ilícito fiscal. Esto ocurrido, me permite concluir la eficacia del nuevo sistema de justicia penal, y que no admite situaciones de ese tipo, y que muchos por desconocimiento del procedimiento recriminan.

Mi último comentario con relación a ese asunto de la maestra es: Por que en los procesos penales donde se involucra a “grandes personajes”,  y que se dicta una resolución de libertad a su favor; generalmente la andan notificando (23:30 hrs.), ya muy de nochecita?? Es simplemente una duda que me salta.