El decreto 349 Decreto 349, que apunta a poner fin a la vulgaridad que se han apropiado de espacios públicos cubanos, ha provocado una ola de críticas por los resquicios que puede dejar para la tan temida censura.

Lo primero que firmó Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba fue el Decreto 349 que, si bien apunta a poner fin a la vulgaridad y al mal gusto que se han apropiado de no pocos espacios públicos cubanos, ha provocado una ola de críticas dentro y fuera de la isla por los resquicios que puede dejar para la tan temida censura y por la forma en que fue elaborado.

Y es que el documento, que señala como objetivo “establecer las contravenciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos”, establece que incurre en una infracción “el que apruebe o permita la realización de servicios artísticos (…) sin que dichos servicios hayan sido aprobados y contratados por la institución cultural a que corresponda la prestación de estos”.

Son reiteradas las críticas en la sociedad cubana a ciertos productos llamados culturales que ha proliferado en los últimos tiempos en el país: música excesivamente alta en cualquier esquina con letras que van en las antípodas de la decencia y el respeto, espectáculos musicales vulgares y sexistas para el consumo de turistas; humoristas que hacen uso del chiste ofensivo y discriminatorio.

Según las autoridades, para tratar de frenar estos males es que se emite el decreto 349, aunque desde hace años existen legislaciones similares que, o no se han cumplido, o se han aplicado de manera insuficiente.

“Creo que lo que debió haber sido un Manual de Urbanidad y Comportamiento ha derivado en un decreto que potencia el control”, declaró a El Financiero Leonardo Padura, uno de los más destacados escritores cubanos. “A mi juicio, un sector radical de la dirigencia cultural quiso establecer límites y potenciar el control donde éste ya existía y, al extremar sus intenciones han promovido un cuerpo legal que ha generado la inconformidad de una gran cantidad de creadores cubanos de diversas manifestaciones y generaciones que han sentido en la nuca el posible soplo del dragón”, sentenció.

En opinión del escritor y musicólogo Joaquín Borges Triana, la solución va por otro lado: “Los problemas que el decreto teóricamente pretende resolver en Cuba, no se solucionan por medio de dictámenes legales como se quiere hacer en este caso, sino a través de apelar a la educación y a la formación del gusto desde la niñez y la juventud”.

En la misma línea está el comentario de Padura: “En Cuba necesitamos más educación, más sentido de lo socialmente correcto (en toda la trama social), más mejoras de unas condiciones de vida cotidiana que pueden generar violencia y desidia, y no más mecanismos de posible coartación de las libertades artísticas”.

La polémica

“Hay cuestiones que se han manipulado, o mal interpretado. Se ha dicho que el decreto establece la obligación de estar en una institución: no hay ni un solo pasaje del decreto que diga esto”, consideró el viceministro de cultura Fernando Rojas, quien también desmintió que el artista tenga que solicitar un permiso para mostrar su obra.

Sin embargo, el documento establece que será sancionado “el que como artista individual o actuando en representación del colectivo a que pertenece brinde servicios artísticos sin la autorización de la entidad que corresponda”.

De acuerdo con la directiva serán los inspectores quienes se ocuparán de su aplicación. Y ahí, de nuevo, los reparos: la disposición “deja un margen peligrosísimo de interpretación de unos individuos (inspectores) sobre lo que es admisible o no y sobre cómo debe el verdadero artista o el ciudadano mostrar un trabajo creativo y que, de contra, multiplica la centralización y el papel de Estado cuando en otros sectores se propone su diversificación”, opinó Padura.

A lo anterior se suma que, como admitió el viceministro Rojas, “no hubo una explicación previa de la intención del decreto y es una de las causas de la polémica que se ha despertado”.

El cantautor Silvio Rodríguez opinó que la directiva “se cocinó entre pocos”, por lo que este es “el clásico caso de que en vez de discutir constructivamente las cosas, se las dejamos a los que quieren destruir».

Para tratar de solucionar esto, las autoridades debaten, ahora sí, unas normas para la aplicación del texto, el cual, según dijeron, entrará en vigor paulatinamente.

“Ojalá la cordura y el sentido del momento histórico cubano y universal se impongan y las anunciadas regulaciones de las regulaciones hechas a última hora, vuelvan a colocar lo que es esta Ley o Decreto en el nivel de ese Manual de Comportamiento Ético, Social, Humano, que debió haber sido, que siempre debe ser», sentenció Padura.

Fuente: www.elfinanciero.com

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