La primera ministra británica insinuó ante el Parlamento que podría extender el Brexit, después de que su plan fuese rechazado la semana pasada.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se niega a descartar retrasar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, mientras el Parlamento avanza para asumir el proceso y evitar un Brexit sin acuerdo que sería económicamente perjudicial.

May está bajo la presión de un grupo interpartidista de políticos que está redactando una nueva ley para obligarla a solicitar a la UE que prorrogue el plazo para el Brexit.

Si no se alcanza un acuerdo antes del 26 de febrero, el Parlamento podrá dirigir los próximos pasos, incluso obligar a May a solicitar una extensión de las negociaciones más allá de la fecha de salida planeada por Gran Bretaña para el 29 de marzo, según el plan.

Este lunes, la primera ministra insinuó que ya está contemplando una extensión. Durante una sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes, a May le preguntaron repetidamente si descartaría un retraso en el retiro del Reino Unido, pero no llegó a hacerlo.

Sus comentarios son otra muestra de que el problemático divorcio entre el Reino Unido y la UE necesitará más tiempo. Con poco más de nueve semanas para la terminación de la membresía británica en el bloque, todavía no hay señales de un plan que pueda ser aprobado por el Parlamento.

May ha mantenido conversaciones con miembros de la oposición en el Parlamento, en un intento por formular un plan interpartidista para el futuro. Sin embargo, ha dicho que sus esfuerzos no estaban funcionando porque su principal rival, el líder del partido laborista, Jeremy Corbyn, se negaba a participar.

May comentó que cambiaría su enfoque para encontrar un arreglo con la UE sobre el plan de respaldo para evitar una frontera dura con Irlanda, el llamado «backstop» irlandés. Esta es la parte más polémica del acuerdo de salida y, hasta ahora, el bloque se ha negado a reabrir las conversaciones sobre el tema.

En otras concesiones a sus críticos, May aseguró que su Gobierno eliminará la tarifa de 65 libras (84 dólares) para los ciudadanos europeos que deseen permanecer en el Reino Unido, y se comprometió a hablar con los sindicatos y los partidos de la oposición para garantizar los derechos de los trabajadores y las protecciones ambientales, en un intento por construir consenso alrededor de su acuerdo.

Rechazó las repetidas solicitudes de un segundo referéndum sobre el Brexit, advirtiendo que si el Parlamento no cumpliera los deseos de los 17.4 millones de personas que votaron por abandonar la UE en 2016, eso «dañaría la cohesión social y la fe en nuestra democracia».

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