El debate político, al que ha contribuido la escasa claridad de la propuesta, no ha dejado entrar más a fondo en la discusión de si para salir de este mal, hay que formar un nuevo ciudadano y bajo qué modelo.

¿Qué lleva a una persona adulta a tomar la decisión de arriesgar su vida a cambio de unos litros de gasolina, ignorando las recomendaciones de la autoridad? La pregunta, por supuesto, es muy difícil de contestar. La complejidad de la situación social que prevalece en México obliga a reconocer que no puede ser solo un factor –social, político, económico, personal- el que interviene en la elaborada trama de tomar una decisión de esa naturaleza. De entre todos ellos, sin embargo, hay uno que conecta la lucha contra el robo de la gasolina directamente con la distribución de la Cartilla moral de Alfonso Reyes.

Para muchos de los integrantes del nuevo gobierno, comenzando por el presidente de la República, uno de los factores que alientan la decadencia del país en todos los niveles de la población es moral. El 13 de enero, al presentar el programa de Pensión para el bienestar de las personas Adultas Mayores en Valle de Chalco, el presidente afirmó que “la decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales”.

Sin decirlo abiertamente, se establece ahí una relación entre un régimen corrupto y un ciudadano de escasos valores morales. La cuestión de qué clase de ciudadano corresponde a qué régimen político ha estado planteada desde Aristóteles. En tiempos recientes, sin embargo, la discusión se ha centrado más en qué tipo de exigencias puede hacer el régimen a sus ciudadanos.

Una característica de los modelos liberales clásicos es que se exige poco de los ciudadanos, porque se busca salvaguardar la libertad individual frente al Estado. Los dos estudios de la revista Nexos hechos en 2011 y 2018 llamados respectivamente Mexicano ahorita, retrato de un liberal salvaje e Igual de liberal, pero más salvaje, retrataban un mexicano que respondía sin cortapisas a un modelo liberal. Según se lee en el ensayo de 2018: “los mexicanos continúan creyendo más en sí mismos que en el país donde viven, pero con un creciente enojo y sentimiento de abandono del gobierno. En este entorno cada quien continúa buscándose la vida como puede, y el altruismo y solidaridad frente a las tragedias son solamente un paréntesis en la lucha “de cada quien para su santo”. Seguimos sin poder articular una visión o un sueño común, y seguimos divididos por las diferencias de expectativas, interpretaciones de la realidad y las experiencias diarias en el trabajo, en la interacción social y en el trato entre nosotros”.

Frente a este liberalismo de los mexicanos, la estrategia que el nuevo gobierno ha diseñado para combatir esa pérdida de valores es la entrega de la Cartilla moral, de Alfonso Reyes, en una nueva edición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a los beneficiarios de los programas sociales y más adelante, se ha dicho, la integración de una “Constitución Moral” cuya redacción está en proceso y que se prevé guiará la enseñanza cívica en las escuelas, como lo ha adelantado ya la SEP.

Aunque el debate alrededor de la Cartilla y la “Constitución Moral” ha girado en torno a que confunde la esfera cívica con la personal, la religiosa con la moral, y a que parece un intento del Estado por establecer una moral oficial, lo cierto es que la Cartilla moral no es un proyecto nuevo. Ha formado parte de una manera u otra del proyecto público de educación cívica en México desde que se escribió en 1944.

Vale la pena recordar que aquel año, en plena II Guerra Mundial, la Cartilla moral se produce como un intento del gobierno de Ávila Camacho para enfrentar internamente la amenaza de la guerra. Para Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública entonces e impulsor de la Cartilla: “Un país en estado de guerra no podía limitarse a coordinar determinadas medidas militares y a crecer su esfuerzo agrícola e industrial a fin de ayudar mejor al aprovisionamiento de sus aliados. El factor más profundo de la resistencia de un pueblo en lucha es la preparación intelectual y moral de sus habitantes”.

La Cartilla moral es resultado de esa idea. De la necesidad de fortalecer una preparación moral en los ciudadanos en una situación de emergencia, en la que se deseaba que los mexicanos tuvieran convicciones fuertes y unidas en torno a un enemigo común.

La Cartilla, sin embargo, no fue publicada como originalmente se había planeado, pero sobrevivió a esa coyuntura y sirvió precisamente para impulsar una educación cívica desde el Estado basada en los principios de una moral culta y occidental que sigue lo mismo a Aristóteles, que la enseñanza cristiana, obra de la capacidad de síntesis del humanismo en que se formó la generación de Reyes en distintos momentos. En 1952 tuvo un amplio tiraje de parte del Instituto Nacional Indigenista. En 1984, José Luis Martínez, quien trabajó junto con Torres Bodet y Reyes en el proyecto del 44, le propuso publicarla a Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Educación Púbica, quien lo hizo. Nuevamente en 1992 le fue propuesta a Ernesto Zedillo, a su vez titular de la SEP, quien la imprimió, pero no la distribuyó por presiones del sindicato, según cuenta Rodrigo Martínez Baracs en un texto para la revista Letras Libres publicado esta semana.

Hay que decir que con el paso del tiempo habían ido cambiando las costumbres y las ideas morales en México y en el mundo. Además, después de la década de 1960 se puso en cuestión la eficacia de la educación formal cono medio para la transmisión de los contenidos de una educación cívica, por los que se fue abandonando la intención de formar a los ciudadanos en las escuelas.

El lenguaje utilizado por el presidente de la República y la ambigüedad de las ideas expresadas alrededor de la Cartilla y de la “Constitución Moral”, no nos dejan saber con seguridad si realmente se trata de restituir un proyecto de educación cívica en su sentido pleno, o de otra cosa distinta.

En el sitio constitucionmoral.mx, donde se encuentran las bases de participación para contribuir al documento, se aclara que no se tratará de un documento jurídico obligatorio, un malentendido derivado del uso inadecuado de la palabra “Constitución”. Su objeto, según se dice, será ser “una guía de valores que se convertirá en un pacto colectivo para comenzar una nueva etapa, adoptar nuevas prácticas, rescatar valores entrañables de nuestro pueblo y estimular mejores patrones de conducta”. Cuyo fin último, se establece, será “la transformación ética y espiritual de los mexicanos”.

La ambigüedad última del proyecto recae, por un lado, en lo contradictorio de sus fines puesto que pretende, al mismo tiempo, renovar y rescatar, ser un pacto y transformar; y, por otro, en el presentarse como un proyecto de transformación individual y no ciudadana. Es decir, en trazar sus ambiciones de manera muy gruesa y con muy poca claridad conceptual. En el fondo parece un plan para rescatar el proyecto original, sin tener muy claro en qué devendrá.

El debate político, al que ha contribuido la escasa claridad de la propuesta, no ha dejado entrar más a fondo en la discusión de si la salida de la corrupción debe pasar o no por la formación de un nuevo ciudadano y cuál podría ser el modelo de ciudadano que se persiga, un tema que no ha sido planteado y que deja de cierto modo en la orfandad todo el proyecto de moralización del mexicano. Porque de la mano de pensar en cuáles son sus valores y a qué se le debe tener respeto, es necesario tener una idea de cómo es ser ciudadano, y qué relación se quiere establecer entre este y el Estado. En otras palabras: si el Estado espera del ciudadano ciertos compromisos, ciertas conductas, si se le va a enseñar a conducirse y responder a ciertas demandas como ciudadano para que sea propiamente un buen ciudadano, de qué forma el Estado va a contribuir a que esa ciudadanía se realice.

Cualquier proyecto de educación cívica -si es que en realidad el proyecto del gobierno es un proyecto de educación cívica- es a muy largo plazo y debe implicar algo más que unas directrices consensuadas; una discusión muy amplia que apenas está por comenzar.

Es una ilusión que la pura voluntad de moralizar a una sociedad, que la simple distribución de un decálogo, modifique la anuencia o el desinterés por una moral cívica. Del mismo modo que por la sola elaboración de una “Constitución Moral” se modificará la relación del Estado con la ciudadanía en México.

Ernesto Priani Saisó es profesor de la FFL de la UNAM y Presidente de la Red de Humanidades Digitales. Coordinó la publicación de las 900 tesis de Pico della Mirandola y prologó las Lecciones sobre la felicidad. La sabiduría de la vida, de Arthur Schopenhauer.“En el fondo parece un plan para rescatar el proyecto original (de la Cartilla moral, de Alfonso Reyes), sin tener muy claro en qué devendrá”.

www.elfinanciero.com

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