LIBERTAD ANTICIPADA

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Por: Lic. Juan Uriza Lara

Es el derecho que tiene cualquier sentenciado, para obtener su libertad (sin compurgar toda la pena impuesta), siempre y cuando haya cubierto el 70% de la pena de prisión que se le haya impuesto a través de una sentencia ejecutoriada en su contra.

La propia ley señala también, excepciones para ese beneficio, por ejemplo, delitos Contra la Salud (narcotráfico), Delincuencia Organizada, Secuestro y otros de grave impacto.

Pero, no obstante los beneficios que cita dicha ley; hoy en día los reclusorios de México, se encuentran atascados de presos, que no obstante haber cumplido el término que establece la ley Nacional de Ejecución Penal, para acceder a ese tipo de libertad, se encuentran presos por causa de las autoridades carcelarias, que incumplen con su trabajo de promover lo conducente para que los reos obtengan tal beneficio.

Pero también, se ha visto y me consta: que los órganos jurisdiccionales encargados de la tramitación de ese beneficio, están tardando demasiado (hasta más de medio año), en resolver un incidente de libertad, no obstante que es el procedimiento más sencillo que pueda haber dentro de un proceso penal.

Prueba de ello, es un cliente que a pesar de solicitarse ese beneficio un poco después de que transcurrió el 70% de su condena preso; recién el tribunal (después de más de seis meses), resolvió procedente tal beneficio ordenando de inmediato la libertad.

Más lamentable aún, que a otros cosentenciados ya les habían resuelto y otorgado esa libertad. Por lo que quedan en evidencia de que para ellos no es aplicable el criterio judicial que versa sobre un “hecho notorio”, a pesar que nuestro cliente se encontraba en identidad jurídica con los otros cosentenciados y a quienes mucho más pronto se les dejó en libertad.

Ahora veo, como se acaba de firmar un decreto para clausurar las Islas Marías y a la vez reubicar a los reos en distintos reclusorios del país. Y también se otorgará la libertad a 200 reclusos. Sin embargo, es claro que no se trata de ningún indulto para los beneficiados, sino de hacerles válido el derecho que aquella ley nacional les otorga, obviamente a través de una resolución del órgano administrativo de prevención y readaptación social.

Y aquí es donde se me concede la razón, de que los tribunales no deben resolver las peticiones de libertad anticipada, y hacer trámites que solamente dilatan la libertad de un recluso. Porque aquel Órgano conoce bien, que intern@ ha cumplido, además del porcentaje que señala la ley para acceder a su libertad anticipada; los demás requisitos: como buena conducta, reparación del daño, pago de multa, que establece la propia ley, así como que el delito por el que esté preso, no sea de los que no admiten el otorgamiento de ese beneficio.

Y obvio también, es una prueba más de que en México, las leyes se aplican como se quiere, no como se debe!!

Responsable de la publicación: Lic. Juan Uriza Lara.

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