El tricolor lamentó que las dependencias gubernamentales utilicen la estrategia de comunicación social para impulsar la imagen y nombre del mandatario.

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados denunció que “la información institucional, páginas oficiales y redes sociales del Gobierno de la República se utilizan para la promoción personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de mantener su popularidad, una conducta que puede constituir un delito, por el posible desvío de recursos públicos”.

A través de un comunicado, el tricolor lamentó que las dependencias gubernamentales utilicen la estrategia de comunicación social para impulsar la imagen y nombre del presidente de la República.

Por ello, pidió al mandatario “a circunscribirse al marco jurídico y no utilizar las herramientas de comunicación, no incitar a la violencia, inducir a la confusión o transmitir más mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales”.

La fracción del PRI ejemplificó con la estrategia para combatir el robo de combustible en la que al menos dos secretarías del Gobierno federal han utilizado sus cuentas oficiales para solicitar y promocionar el apoyo para López Obrador.

“El 10 de enero pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicó en la cuenta oficial de una red social: ‘apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador’. Este mensaje se hizo acompañar de una tarjeta con el logotipo del Gobierno de México y el Escudo Nacional, así como la utilización de la imagen de héroes patrios”, expuso.

Además, recordó, la Secretaría de Economía, el 11 de enero publicó el siguiente tuit: ‘Apoyemos al Presidente @lopezobrador_ #NoAlHuachicoleo #NoMasCorrupcion #HagamosloJuntos’ con los logotipos oficiales y el Escudo Nacional.

Por eso, los legisladores priistas señalaron que ello representa una violación a la Constitución, la cual señala que la propaganda de los poderes públicos deben tener carácter institucional y debe emprenderse para fines informativos, educativos y de orientación social.

“Asimismo, es una transgresión a la Ley General de Comunicación Social, que en su artículo 9, establece que las campañas de comunicación social no podrán tener como finalidad destacar de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, o bien incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales”.

Por lo anterior pidió aplicar las sanciones, administrativas y penales, contra los servidores públicos, que por acción u omisión participaron en estos sucesos, ya que se deja un precedente negativo en la utilización de los recursos públicos con los que cuenta la actual administración federal.

La petición de los diputados priistas es que “la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal a respetar la ley y no haga de la estrategia de comunicación social e información institucional, una vía para promover su imagen personal”.

www.elfinanciero.com

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here