Por: Lic Juan Uriza Lara
Una de las causas que genera impunidad, es la mala investigación que algunos ministerios públicos, llevan a cabo cuando integran carpetas sin detenido. Lejos de practicar todas las indagatorias, que les permitan cuidar el sigilo para evitar que los presuntos responsables de delitos, se evadan de la acción de la justicia. Lo primero que hacen, es dar a conocer a los medios de comunicación, que están investigando a determinada persona. Lo peor sucede, cuando algún funcionario público, que sin tener injerencia o responsabilidad dentro de las procuradurías, a la que pertenece el ministerio público, empieza a dar conferencias, suplantando una función que no le corresponde, pero que, por su posición jerárquica invade esferas de competencia que, lejos de abonar en la procuración de justicia entorpece la investigación.
Esto refleja una negligencia tanto de los fiscales que lo permiten, como de los funcionarios que improvisan. Porque incluso el dejar al margen, la obligación de cuidar el secreto de la investigación; debe reprochárseles, ya que la publicidad da lugar a responsabilidades, no sólo administrativas, sino también penal.
Muchas veces actúan para acallar voces de la sociedad, exigente de justicia. Y, también para aplacar a los medios de prensa. Todo eso es negligencia.
Y esa irresponsabilidad, es la que genera impunidad; porque cuantos casos hemos conocido, así como los propios sujetos a quienes les pretenden ejercitar una acción penal, como posibles autores de un delito; quienes ya para cuando el ministerio público actúa en su contra, sucede que salieron del país. Es decir, les avisan veladamente que iban por ellos, para que tengan la oportunidad de fugarse. El último caso conocido, es el de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX.
Y, no cabe por parte del Ministerio público, echar culpas a nadie; ni en casos como ese los procuradores tienen justificante, porque además de que ellos mismo son quienes les avisan, no hacen lo necesario para evitar fugas. Y esto es así, porque no obstante que la ley les concede los medios suficientes para evitar que la sustracción de la justicia, no implementan ninguna medida de seguridad para ello, lo cual genera, desde luego, impunidad.
También existen los casos en que por aprender a una persona y ponerla a disposición de los tribunales, el ministerio público actúa precipitadamente en la investigación y comete fallas que propician una libertad. A veces esas fallas son dolosas, para simular procuración de justicia; pero también se cometen por la falta de capacidad investigatoria. Cuantos casos no hemos dado cuenta en estos últimos días, que conocemos de que aprendieron a una persona y luego los jueces los dejan en libertad?. Así hay muchos asuntos, que para evadir ineficiencias de los Ministerios públicos, dicen que la culpa es de los jueces.
Y, tan obvias resultan las malas investigaciones, ya que luego de que un juez ha decretado una libertad, porque los datos probatorios no tienen el peso suficiente para dejar preso a un detenido; apenas está saliendo del reclusorio, vuelven a detenerlo. Pero lo peor: que hasta tres veces se ha liberado a una persona por un juez, precisamente por la mala investigación. Eso indudablemente refleja una negligencia de investigadores y ministerios públicos, quienes son los que tienen la responsabilidad de la conducción de la investigación.
Y mientras se sigan tolerando esas fallas, se seguirá actuando simulando una procuración de justicia y enardeciendo más a la sociedad que está harta de tanta ineficiencia que genera impunidad por una actuación que refleja una simulación de justicia y como consecuencia impunidad a favor de los delincuentes.